El texto prevé su entrada en vigor el 1 de marzo de 2027, con un posible adelanto por decisión real. La aprobación parlamentaria no implica que la medida ya esté vigente: la redacción no ha localizado su publicación en el Moniteur belge / Belgisch Staatsblad en las fuentes revisadas.
Redacción La Voz Latina BE
La Cámara de Representantes de Bélgica aprobó en la madrugada del viernes 6 de noviembre el proyecto de ley que permitirá a la policía entrar en determinadas viviendas para detener a extranjeros sujetos a una medida ejecutoria de devolución, expulsión o traslado. El conjunto del proyecto salió adelante con 80 votos a favor, 35 en contra y 12 abstenciones, según el acta provisional de la sesión plenaria, que la Cámara fecha el jueves 5 de noviembre y que se levantó a las 5:14 del viernes. La votación llegó tras unas diez horas de debate, según VRT y Belga, y reabre una controversia que enfrenta la política de retorno del Gobierno con la protección del domicilio y la vida familiar.
La aprobación parlamentaria no equivale a una aplicación inmediata. El documento remitido a sanción real declara que el contenido adoptado es idéntico al aprobado en segunda lectura por la comisión. Ese articulado fija la entrada en vigor para el 1 de marzo de 2027 y permite al rey establecer una fecha anterior. Según la consulta realizada por la redacción el 8 de noviembre, la ley aún no figuraba en el Moniteur belge / Belgisch Staatsblad, y no constaba ninguna decisión que adelantara esa fecha. Por tanto, la nueva facultad todavía no está operativa.
El alcance es más concreto que una autorización general para entrar en casas de personas sin papeles. El futuro artículo 74/7/1 de la ley de extranjería del 15 de diciembre de 1980 exige seis condiciones acumulativas: motivos razonables para considerar que la persona representa un peligro para el orden público o la seguridad nacional; una medida ejecutoria de devolución, expulsión o traslado; falta de cooperación para ejecutarla; motivos razonables para creer que se encuentra en el lugar no accesible al público indicado; necesidad de la entrada porque ninguna otra medida menos intrusiva pueda aplicarse eficazmente; y proporcionalidad respecto de sus intereses y los de terceros residentes.
El propio texto precisa que la estancia irregular no constituye, por sí sola, un peligro para el orden público o la seguridad nacional. Tampoco basta por sí misma la comisión de una infracción penal, aunque puede tenerse en cuenta en la evaluación. No es, por tanto, una reforma dirigida automáticamente a toda la población migrante, ni exclusivamente a solicitantes de asilo.
Para residentes latinoamericanos, la relevancia depende de su situación jurídica individual, no de su origen. La reforma no introduce un criterio de nacionalidad latinoamericana. Sí puede alcanzar a quien reúna las condiciones legales y también afectar al domicilio de una tercera persona que lo aloje: el articulado contempla expresamente esa posibilidad y exige valorar los intereses de quienes viven allí. No hay en las fuentes consultadas una estimación específica de latinoamericanos afectados.
El ministro o su delegado deberá presentar una solicitud motivada al juez de instrucción competente según el lugar de residencia de la persona. El juez dispondrá de siete días hábiles desde que la recibe para decidir y fijar las modalidades de ejecución. El texto establece que esa decisión no es susceptible de apelación. Las entradas solo podrán realizarse entre las 5:00 y las 21:00. En este procedimiento solo podrá detenerse administrativamente a la persona para la que se obtuvo la autorización.
No podrá solicitarse una autorización contra un menor. Si viven niños en la vivienda, el juez deberá examinar si la autorización es proporcionada al interés superior del niño y determinar las condiciones de intervención. El texto pide una actuación lo menos intrusiva posible y evitar la separación familiar; no formula una prohibición absoluta de esa separación. También prevé que el ministro presente a la Cámara una evaluación de la ley, con especial atención a los menores, como máximo dieciocho meses después de su entrada en vigor.
La ministra de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), defiende la medida como instrumento de seguridad. VRT recoge, en cambio, objeciones de organizaciones y de la oposición sobre la inviolabilidad del domicilio, la privacidad y las garantías judiciales. Son críticas al dispositivo, no una declaración judicial de inconstitucionalidad. El siguiente dato decisivo será la confirmación de la sanción real y de la publicación de la ley en el Moniteur belge / Belgisch Staatsblad, junto con la confirmación del calendario de aplicación.
Fuentes
- Cámara de Representantes, DOC 56 1591/013, texto adoptado en sesión plenaria y sometido a sanción real (5-11-2026): PDF
- Cámara de Representantes, DOC 56 1591/011, texto adoptado en segunda lectura por la comisión de Interior (27-10-2026): PDF
- Cámara de Representantes, acta provisional CRIV 56 PLEN 148, votación n.º 5: PDF
- VRT NWS / Belga (6-11-2026): artículo
- Moniteur belge, sumario del 6-11-2026: consulta
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